Imaginemos un caso cada vez menos excepcional: alguien entra en una vivienda vacía porque “no la usa nadie”. Declara ingresos de 1.700 euros mensuales, presenta un certificado de búsqueda activa de empleo y acredita tener un menor a cargo. Con estos elementos, el desahucio queda bloqueado durante meses —e incluso años—.
Mientras tanto, el propietario sigue afrontando los gastos: comunidad, IBI, seguros, abogados… y, en ocasiones, los suministros básicos para evitar cortes y sanciones.
El sistema describe esta situación como “protección social”. Pero lo que, en realidad, se genera es una transferencia silenciosa de cargas privadas hacia ciudadanos que nada tienen que ver con la política de vivienda.
Convertir al propietario en un sustituto del Estado no es una política social: es una distorsión que premia la ocupación, castiga el ahorro y alimenta un clima de inseguridad jurídica.
La consecuencia es previsible: menos oferta de alquiler, precios más altos y más conflictividad. La compasión institucional, cuando se ejerce a costa de terceros, deja de ser justicia y se convierte en un abuso legalizado.
Cada desahucio bloqueado por años es un mensaje claro: “ocupar compensa”. Luego nos sorprenden los precios del alquiler
Qué pasa cuando la persona que se queda años sin su casa, sin su renta y con un agujero económico creciente… es un jubilado, una familia normal, alguien que contaba con ese piso para complementar ingresos o para un hijo?
ResponderEliminarSilencio administrativo.
ResponderEliminarAños de pleitos.
Puertas blindadas reventadas.
Amenazas, mafias y alquileres ilegales dentro de tu propia casa.
La solución no es perseguir al propietario. La solución es que el gobierno (PSOE, y Sumar con sus socios, bildus y compañía) asuma sus responsabilidades: vivienda pública, ayudas reales, alternativas serias…
ResponderEliminarQue les den por el culo.
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