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| Pedro Sánchez e Ignacio Escolar, director de eldiario.es |
· Incentivos estructurales: Los medios (y sus dueños) internalizan los "límites rojos" para mantener acceso a fuentes, publicidad institucional o un marco regulatorio favorable.
· Alineamiento ideológico y de negocio: La afinidad política entre la propiedad del medio y el gobierno crea una coincidencia espontánea de intereses. Criticar al "propio campo" se percibe como contraproducente.
· Selección profesional: En un entorno polarizado, periodistas y editores anticipan qué temas "romperán el consenso" interno o alejarán a su audiencia base, y los evitan. Es una autocensura por cálculo profesional, no por una llamada telefónica.
Este sistema es más eficaz y negable. Como señala el informe del IPI, España debe implementar salvaguardas del Acta Europea de Libertad de los Medios (EMFA) para garantizar la independencia editorial y la transparencia de la propiedad.
⚖️ El Peso de las Estructuras: Propiedad, Regulación y Mercado
Varios factores institucionales y de mercado sostienen este ecosistema:
1. La Propiedad Extranjera y la Lógica Comercial
Los dueños últimos de Atresmedia y Mediaset son grupos italianos y fondos internacionales. Su objetivo primario es la rentabilidad y la estabilidad del mercado español. Un enfrentamiento frontal con el gobierno de turno, que controla la regulación del sector audiovisual, representa un riesgo empresarial innecesario. Su estrategia de "doble canal", es, ante todo, una táctica para capturar toda la audiencia y minimizar riesgos políticos.
2. La Presión Económica y la Competencia
Ambos grupos atraviesan una crisis estructural, perdiendo audiencia y ingresos publicitarios frente a TVE y las plataformas streaming. En esta situación de vulnerabilidad, la necesidad de asegurar ingresos (como la publicidad institucional o los derechos deportivos) puede inclinar la balanza hacia un mayor alineamiento con el poder. El director de Atresmedia Publicidad ya habla de la necesidad de "certezas" y un contexto que permita competir.
3. El Marco Regulatorio y la Transparencia
La futura Ley de Gobernanza Digital exigirá a los medios nacionales registrar y hacer públicos sus dueños reales y su financiación, especialmente la de origen público. Esta ley, que transpone normativa europea, podría en teoría hacer más visibles los conflictos de interés, aunque su efectividad está por verse.
Conclusión
Por tanto, atribuir el "fango mediático" únicamente a "órdenes de Moncloa" es quedarse en la superficie. La realidad es más turbia y arraigada:
No se necesita una orden cuando existe un ecosistema perfectamente engrasado por la captura mediática, los intereses comerciales de una propiedad desvinculada del interés nacional, la presión económica y una autocensura profesional internalizada.
El silencio sobre ciertos temas no es una anomalía, sino el funcionamiento esperado del sistema. El "feminismo editorial" se convierte así en una herramienta útil dentro de este juego: legítima cuando sirve para marcar puntos contra el adversario cultural o político de turno, e incómoda cuando obligaría a rascar donde duele, es decir, en las propias alianzas y estructuras de poder que sostienen el statu quo informativo. La pregunta final no es quién dio la orden, sino quién tiene interés –económico, político, de supervivencia– en que ciertos debates nunca lleguen al plató.

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