No a la Guerra: Anatomía de una Protesta Orquestada

 En la primavera de 2022, cuando la guerra de Ucrania amenazaba con desgastar al gobierno de Pedro Sánchez, vimos nacer de la nada un movimiento “pacifista” que exigía “No envío de armas”. Era el mismo mecanismo que hoy, en la primavera de 2026, vuelve a activarse ante el nuevo escenario: la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán. De nuevo, las pancartas idénticas, los manifiestos coordinados, las concentraciones “espontáneas”. De nuevo, el mismo coro mediático. Y de nuevo, el mismo silencio cómplice sobre quién financia todo esto.

La única diferencia es que ahora el objetivo no es distanciarse de la OTAN sin romper con ella, sino distanciarse de Donald Trump sin romper con Estados Unidos. El método, sin embargo, es el mismo que el gobierno ha perfeccionado durante años: activistas con nómina, periodistas con consigna, y un relato que se fabrica con dinero público.

En enero de 2026, la administración Trump lanzó una serie de ataques selectivos contra instalaciones militares y nucleares iraníes, justificándolos como respuesta a actividades desestabilizadoras de Teherán en Oriente Próximo. La tensión escaló rápidamente: Irán amenazó con cerrar el estrecho de Ormuz, Israel movilizó sus fuerzas, y Washington anunció el despliegue de un segundo portaaviones en el golfo Pérsico.

En España, el gobierno de Pedro Sánchez se enfrentó a una disyuntiva similar a la de 2022: por un lado, la necesidad de mantener la alianza con Estados Unidos (socio clave en la OTAN); por otro, las presiones internas de sus socios de coalición y de un sector de la opinión pública que ve con malos ojos cualquier implicación militar. La solución, como en aquella ocasión, fue fabricar una “presión ciudadana” que le permitiera justificar sus movimientos.

Apenas 48 horas después de los primeros bombardeos estadounidenses, aparecieron en las calles de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla las primeras concentraciones bajo el lema “No a la Guerra”. Las pancartas eran idénticas, los lemas idénticos, los perfiles de los convocantes idénticos. No era casualidad.

Las organizaciones que lideraron la convocatoria eran las mismas que ya habían participado en la plataforma “No a la Guerra” de 2022:

• Fundación Paz y Solidaridad (vinculada a CCOO).

• Plataforma Aturem la Guerra (con sede en Cataluña, pero con ramificaciones en toda España).

• Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

• Movimiento contra la Intolerancia.

Todas ellas han recibido subvenciones millonarias de administraciones socialistas en los últimos años. Según datos del Portal de Transparencia, solo entre 2023 y 2025, el ministerio de Derechos Sociales, Agenda 2030 y Memoria Democrática repartió más de 150 millones de euros en subvenciones nominativas (a dedo) a entidades afines. Una parte importante de ese dinero ha ido a parar a las organizaciones que ahora aparecen en los carteles de las protestas contra la guerra.

Lo más significativo es el timing: las concentraciones no surgieron cuando Trump empezó a amenazar con la guerra, ni cuando las primeras sanciones golpearon a Irán. Surgieron justo cuando el gobierno necesitaba justificar ante sus socios de coalición un posicionamiento ambiguo. La consigna era clara: “Sánchez, no te impliques”. El objetivo: permitir al presidente mantener un perfil bajo frente a Washington sin que su socio de gobierno le acusara de belicista.

Como en 2022 (en la guerra de Ucrania), los grandes grupos mediáticos se convirtieron en amplificadores del mensaje.

• RTVE dedicó sus espacios informativos a cubrir las protestas como si fueran el clamor de la calle. Programas como La Hora de La 1, Mañaneros o Las Cosas Claras entrevistaron a los organizadores sin cuestionar su financiación, y presentaron las movilizaciones como “demanda ciudadana”. El Consejo de Informativos de TVE, en un informe interno no publicado pero filtrado a la prensa, ha vuelto a denunciar el “sesgo sistemático” en el tratamiento de estas protestas.

• Atresmedia repitió la fórmula: en Al Rojo Vivo, la sexta Xplica y Espejo Público, los debates se articularon en torno a la premisa de que “España no debe entrar en guerra”. Los tertulianos afines al gobierno monopolizaron los espacios, mientras que las voces críticas con el pacifismo fueron silenciadas o ridiculizadas.

• Prisa (El País, Cadena SER) publicó editoriales y reportajes que, bajo la apariencia de análisis, replicaban los argumentos de las plataformas “No a la Guerra”. En ningún momento se investigó el origen de la financiación de esas plataformas.

• Mediaset, aunque con menos énfasis, se sumó a la cobertura acrítica, presentando las protestas como un fenómeno espontáneo.

El silencio más llamativo fue el de los medios que se presentan como “independientes” o “de izquierda alternativa”. eldiario.es, que presume de no depender del poder, dedicó portadas y análisis a las movilizaciones sin mencionar nunca que buena parte de las organizaciones convocantes reciben subvenciones del propio gobierno que esas protestas dicen vigilar.

El caso de las protestas contra la guerra en Irán es un ejemplo perfecto de lo que hemos llamado disidencia controlada: se financia a quienes protestan dentro del guion, se visibiliza a quienes critican sin tocar los intereses del poder, y se aplaude al “verso libre” que nunca rompe el decorado.

Mientras estas protestas ocupaban portadas, otras movilizaciones que sí incomodaban al gobierno —como las del sector agrícola contra la subida del gasóleo, las de los ganaderos contra la ley de bienestar animal, o las de los médicos contra la precariedad en la sanidad pública— eran ignoradas o tratadas como “minoritarias” y “violentas” cuando aparecían incidentes aislados.

La disidencia real —la que cuestiona al gobierno, a sus finanzas, a sus redes clientelares— no existe en este ecosistema. Solo existe la disidencia que el propio sistema permite porque no amenaza su estructura.

El resultado de este mecanismo es una democracia de escenario, donde el ciudadano asiste a un debate que no es real, consume un relato que ha sido fabricado, y termina por desconfiar de todo. La desafección política no es un accidente; es el producto final de un sistema que ha convertido la información en mercancía y la movilización en espectáculo.

La cuenta la pagan, una vez más, los contribuyentes. Financian con sus impuestos las subvenciones a las ONG que luego aparecen en las protestas. Financian con sus impuestos la televisión pública que amplifica esas protestas. Financian con sus impuestos a los medios privados que reciben publicidad institucional a cambio de silenciar las preguntas incómodas.

Y al final, reciben un producto: la ilusión de que viven en una democracia plural, cuando en realidad son espectadores de un teatro de operaciones controlado.

La única diferencia es que ahora el escenario es más grande: se trata de evitar que España aparezca como aliada de una guerra impopular, sin perder la alianza con Estados Unidos. Y para lograrlo, el gobierno vuelve a recurrir a su herramienta favorita: fabricar presión ciudadana con dinero público y amplificarla con medios controlados.

La guerra de Trump contra Irán es solo el último pretexto para activar una maquinaria que lleva años funcionando en España. El “No a la Guerra” de 2022 y el “No a la Guerra” de 2026 son dos actos del mismo montaje. Las mismas organizaciones, las mismas subvenciones, los mismos medios, el mismo gobierno.

La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿hasta cuándo seguiremos aceptando que nuestros impuestos paguen a quienes nos manipulan? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que las pancartas que vemos en la tele son el clamor del pueblo y no el resultado de una subvención a dedo?

La respuesta, desgraciadamente, la conocemos: mientras nadie investigue, mientras los medios sigan mirando hacia otro lado, mientras los ciudadanos no exijamos saber quién paga el autocar que lleva a los manifestantes, este teatro seguirá representándose.

Y nosotros, como en 2022, como en 2026,  callados como tumbas.