La paradoja es amarga. Iryna, como tantas jóvenes europeas, en su día simpatizó con las proclamas de Black Lives Matter, el movimiento que prometía justicia, igualdad y reparación histórica. Hoy, tras su asesinato, ese mismo movimiento guarda silencio sepulcral. Ninguna pancarta, ninguna concentración, ninguna palabra de condena. Solo vacío.
Porque BLM no es ya un movimiento social, sino una máquina de hacer dinero. En Estados Unidos, parte de su cúpula está bajo investigación por la compra de mansiones, desvío de fondos y gestión opaca de decenas de millones de dólares. Lo mismo ocurre con otras ONGs y plataformas políticas en Europa. El negocio no es ayudar, sino capitalizar la culpa colectiva y vender relatos prefabricados a golpe de subvención.
En España tenemos el espejo claro: Open Arms, convertida en la ONG favorita de Bruselas y Moncloa, vive del rescate mediático. Cada operación se traduce en fondos, contratos y fotos lacrimógenas que llenan telediarios y refuerzan campañas electorales. Un buque humanitario que funciona como empresa de salvamento subvencionada, con beneficios políticos y económicos para quienes la promocionan.
Y mientras tanto, los grandes apóstoles del progresismo patrio hacen caja. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es el ejemplo perfecto: reconvertido en lobbista internacional, se pasea por Caracas y La Habana defendiendo dictaduras mientras se instala en Madrid en una vivienda valorada en más de dos millones de euros. La paradoja roza la obscenidad: un líder que se dice humilde, que presume de vivir para la causa, con una casa blindada cuya vigilancia corre a cargo del Ministerio del Interior y, por tanto, del bolsillo de todos los españoles.
El Zapatero que se presenta como mediador es en realidad un comisionista del chavismo, el mismo que asesoró a Maduro mientras Venezuela se hundía en la miseria. El mismo que se relaciona con lobbistas internacionales que han hecho del progresismo una marca comercial.
Lo de Iryna no interesa a El País, ni a RTVE, ni a Antena 3, ni a Telecinco. Mucho menos a la SER o a La Sexta. El periodismo oficial está demasiado ocupado amplificando protestas con banderas palestinas, condenando a Israel o celebrando el último cheque millonario enviado por Moncloa a Gaza. Las víctimas que incomodan —las que señalan fallos en la política migratoria, las que revelan el coste real de la inseguridad en Europa— simplemente no existen.
En cambio, sí existen los negocios. Existen las ONGs multimillonarias, los asesores que cobran a comisión, los políticos reciclados en traficantes de influencia. Existen los millones desviados en mascarillas durante la pandemia, los contratos sospechosos y los favores que se pagan en forma de cargos públicos o embajadas doradas.
La tragedia de Iryna no solo es el crimen que acabó con su vida, sino la segunda muerte que supone el silencio cómplice de medios y ONGs. Una víctima incómoda para el relato se borra de la agenda, como si nunca hubiera existido.
Mientras tanto, los de siempre hacen caja. BLM en EE.UU., Open Arms en España, Zapatero en el mundo del chavismo. El progresismo ha mutado en un negocio redondo, con mártires seleccionados a dedo, causas que se venden al mejor postor y millones de euros circulando bajo la bandera de la solidaridad.
Iryna, desgraciadamente, no era rentable. Por eso no habrá manifestaciones, ni minutos de silencio, ni portadas. Solo silencio. El silencio de un sistema que prefiere mirar hacia otro lado mientras la industria del victimismo sigue facturando.

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